El martes 4 de mayo la Cámara de Diputados aprobó proyecto de un sistema para el aseguramiento de la calidad de la educación, con serios reparos de la izquierda (Carmona, Gutiérrez y Teillier) y también parlamentarios de la Concertación.

Dirigentes del Colegio de Profesores, encabezados por su presidente, Jaime Gajardo, así como de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación presenciaron la votación en segundo trámite constitucional del proyecto de ley que crea un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media.

La iniciativa pretende completar la Ley General de Educación (LGE), gestada en un acuerdo entre la Alianza (hoy Coalición por el Cambio) y la Concertación durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Aunque se aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que establece una agencia de calidad y una superintendencia de educación, estas iniciativas no lograron reunir la mayoría requerida y resultaron rechazadas. Parte importante de las disposiciones requerían una mayoría de rango orgánico constitucional, es decir 69 votos, pero sólo consiguieron 61 a favor.

La norma influirá sobre 11 mil colegios subvencionados que tienen unos tres millones 350 mil alumnos en todo el país.

Jaime Gajardo

El presidente del Colegio de Profesores saludó que la iniciativa haya pasado a una Comisión Mixta con el Senado antes de volver a la Cámara Baja (de Diputados) para su aprobación definitiva.

Jaime Gajardo expresó que “es necesario un amplio debate nacional sobre el tema, que vaya más allá de los profesores, los funcionarios del ministerio y los estudiantes y que toda la ciudadanía se exprese ante una medida tan importante como es el intento por mejorar la calidad de la educación, pero en el marco del sistema neoliberal. La educación no es una mercancía que deba transarse en el mercado y así está quedando con esta normativa legal”, aseguró.

“Recién hoy hemos podido apreciar un debate de verdad sobre esta ley –manifestó- La forma como se ha llevado esta tramitación y como han opinado los distintos sectores no han sido la mejor, de hecho, nosotros (los profesores) solo en una oportunidad estuvimos en la comisión de Educación. El gran argumento que ha entregado el ministro es que hay un acuerdo político, pero nunca se ha puesto acento en el articulado, en lo que significa cada una de estas leyes y solo hoy se empezó a dar un debate de verdad”.

Gajardo aseguró que “creemos que se deben ampliar los plazos, hemos solicitado que se quitara la suma urgencia para realizar un seminario, algún encuentro, una jornada en los colegios del país para discutir una ley de gran trascendencia, que no puede ser aprobado tipo Express de un día para otro.

Vamos a pedir una reunión rápidamente con la comisión mixta para plantear nuestra opinión y decirles, muy sintéticamente que esta ley va en el sentido de reforzar lo privado, es más de lo mismo. Ya hay un sistema educativo que nadie lo defiende, que está en crisis y cómo vamos a seguir tomando más medidas en esa misma línea”, expresó el dirigente de los profesores.

“Hay que reorientar las cosas hacia lo público, donde el Estado no sea subsidiario sino un Estado garante del derecho a la calidad de la educación para todos los ciudadanos. Esto tiene que ser revertido, nosotros vamos a seguir luchando, sobre todo porque hemos logrado el apoyo de un importante sector de parlamentarios”.

Los críticos del proyecto, que incluye a especialistas como José Joaquín Bruner, Juan Eduardo García-Huidobro y otros destacan la descoordinación y el poco alcance de la fiscalización real que tendrán las agencias privadas encargadas del control. Asimismo se reclaman las plantas y el sistema de remuneraciones para los funcionarios. La ley permitiría la formación de agencias de calidad y una Superintendencia que buscaría asegurar supuestos estándares mínimos del ministerio y medir el aprendizaje y el desempeño, cuestiones que tampoco satisfacen a los docentes ni funcionarios ni menos a padres y apoderados.

Hugo Gutiérrez

El diputado Hugo Gutiérrez explicó en la sala el alcance del rechazo de la bancada comunista a esta iniciativa. “Vengo de un distrito –Tarapacá- donde el 30% de la educación es municipalizada y el 70% es privada, el año 98 la educación municipalizada tenía 29 mil alumnos y hoy tiene 12 mil y se puede prever que para el año 2015 prácticamente no tenga ninguno. Una región donde un empresario Zofri –hindú o pakistaní- deja de lado su negocio para instalar colegios pues son más lucrativos que la venta de automóviles. Efectivamente la calidad de la educación en Chile es deplorable. Después de 29 años de un modelo educativo de mercado, desconcentrado y de provisión mixta, los antecedentes al respecto son elocuentes y casi trágicos.

La educación pública está en el suelo –aseguró- La matrícula nacional del año 81 –cuando se inicia la municipalización, el 80% correspondía al sector municipalizado. Hoy solo el 48% de los estudiantes está en el sistema público” manifestó Hugo Gutiérrez.

“La calidad de la educación no depende del estado de gestión de cada escuela, la razón fundamental de la mala calidad –en lo público y privado- es estructural y depende del modelo educativo que impera en nuestro país. La ley que discutimos no es de aseguramiento de la calidad porque no atiende a las causas de la mala calidad.

Las causas hay que buscarlas, primero en la alta homogenización en lo social y cultural de nuestra población escolar en los distintos sistemas educativos que coloca un techo en las posibilidades de aprendizaje. En segundo lugar, la inexistencia de capacidades, superestructura y gestión pedagógica regular; la política educativa generada por el modelo de mercado actúa con modificaciones que afectan gravemente el desempeño de las escuelas en general. Las orientaciones educativas traspasaron al director una serie de funciones centradas en la administración de recursos, distrayendo sus preocupaciones de aula y del quehacer pedagógico.

La ley que analizamos hoy es sólo de fiscalización, está orientada a medir la calidad del aprendizaje y calificar los establecimientos educacionales. Su esfuerzo principal está en los resultados y no en identificar procesos que afectan a la calidad educativa. El efecto de esta ley debilitará aún más la educación pública”.

Hoy el Internado esta en un proceso de reparación de todos los pabellones dañados ya sea de forma parcial o severa por el movimiento telúrico del 27/F, lo cierto, es que no es la primera vez que el Internado o el país vive este proceso y con certeza tampoco será el último; pero por lo mismo por la experiencia acumulada en especial del terremoto de julio de 1971 y de marzo de 1985 hemos aprendido como funciona la reconstrucción en el colegio.

Este sábado 24 de abril continuaremos levantando Chile, la cita es a las 9 A.M. en Panamericana con Salesianos (comuna de Pedro Aguirre Cerda), para seguir con el trabajo iniciado el sábado pasado, donde se hizo remoción de escombros para esta semana instalas las viviendas de emergencia.

Siguen siendo más de 700 las familias de la Pedro Aguirre Cerda que aún no tienen vivienda, lo que con la llegada de las lluvias puede desencadenar una crisis sanitaria si no actuamos ahora.

Todos pueden ayudar, solo tienen que inscribirse enviando su nombre, teléfono, edad y ocupación a

voluntarios.jjcc@gmail.com

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o llamando al 02.6356362.

Traten de llevar guantes, bototos, impermeable y un paquete de fideos o salsa de tomates.

Para llegar pueden tomar desde el Metro Estación Franklin los buses H-13, H-12 y H-06, desde el Metro Estación San Miguel tomar el bus de recorido H-09 y desde Av. Brasil tomar el bus del recorrido 311.

¡¡Cuando la Tierra se mueve, los Jóvenes se mueven más!!

Cuba, entiende que no se haces las cosas a tu modo... sino como los países democráticos...

1. Una policía democrática




2. Seguir el ejemplo de la Unión Europea



3. Desterrar la tortura



4. El método del Partido Popular (partido político de derecha en España, actual aliado hispano de Piñera)

Nuestro país está enfrentado a una gran catástrofe. El terremoto, y el maremoto subsiguiente, provocaron inmensos daños. La trágica muerte de centenares de compatriotas, la destrucción de viviendas y fuentes trabajo ha develado brutalmente que el modelo de país impuesto en las últimas décadas deja en las más absoluta indefensión la vida y la integridad física de millones de chilenos, sus bienes y la seguridad nacional. Las instituciones no han funcionado, se ha derrumbado la falsa imagen de país supuestamente desarrollado.

El espíritu de nuestro pueblo se ha expresado en el coraje con que los directamente afectados han enfrentado el cataclismo y en las múltiples formas de solidaridad que muchas organizaciones sociales, entre ellas la CUT, organizaciones estudiantiles, de profesionales y de la cultura y otras promueven para fortalecer la indispensable cadena solidaria. En muchas comunas la solidaridad vecinal se expresa con fuerza. Valoramos esta actitud y hacemos y seguiremos haciendo nuestro aporte en cada lugar. Esta etapa está en curso y debe ser reforzada con una intervención y apoyo mayor del Estado.

A la vez, hay que diseñar una política de reconstrucción y desarrollo del país que saque las lecciones de lo ocurrido que no son sólo efecto del sismo sino consecuencia directa del modelo de Estado y sociedad impuesto a partir de la dictadura de Pinochet.

1.- Es esencial revertir la reducción del rol del Estado impuesta por el neoliberalismo que debilitó las capacidades de reacción de la sociedad ante el desastre. Servicios básicos como electricidad, agua, comunicaciones, carreteras y caminos, traspasados a grandes capitales extranjeros y nacionales, mostraron una ineficiencia extrema que agravó la situación de la población a lo que se añadieron errores y debilidades de aparatos de gobierno. Esos sistemas esenciales deben ser convertidos en efectivos servicios públicos y no en negocios. En ellos el Estado debe asumir una responsabilidad decisoria. Las modificaciones legales, las
inversiones e intervenciones necesarias deben ser realizadas sin demora.

2.- Organismos internacionales han hecho una evaluación de los daños materiales estimándolos en una cifra que varía entre 15 y 30 mil millones de dólares. Es obligatorio hacer un catastro completo de ellos en cada comuna y disponer de datos reales. Se estima en 500 mil las viviendas afectadas en grados diversos lo que significa que no menos de 2 millones de chilenos en problemas, muchos de ellos con todos sus bienes perdidos. Se trata en la mayoría de los casos de gente muy modesta pero también de sectores medios y hasta de altos ingresos que han sido afectados por empresas que construyeron evadiendo las normas de construcción para incrementar sus ganancias. La responsabilidad aquí incluye también a los órganos estatales y municipales responsables del control de calidad y del cumplimiento de las normas antisísmicas obligatorias en un país como el nuestro. Planteamos la revisión a fondo de dichas normas y del sistema de control estatal que hoy es claramente insuficiente y explica muchos de los desastres de las edificaciones nuevas.

3.- Proponemos que el Fiscal Nacional ordene la constitución inmediata de fiscales para iniciar procesos de investigación que establezcan las responsabilidades existentes en la construcción deficiente de edificios, casas, de hospitales y escuelas, carreteras y puentes, que han colapsado por irresponsabilidad y dolo. Eso es urgente pues antes de las demoliciones forzadas debe obtenerse muestras y evidencias que permitan un correcto proceso.

4.-Una medida impostergable es el despliegue de un plan de construcción de viviendas y recuperación de la infraestructura vial, educacional, hospitalaria en las zonas afectadas y en todo el país, con diseños e infraestructura adecuada para una vida digna y segura. El proceso de reconstrucción no puede ser convertido en una gigantesco negocio sino ser diseñado con un control público a través de una entidad como la CORFO, reforzada con el personal, medios y recursos para llevar adelante esa tarea. Las organizaciones sociales deben tener acceso expedito a ese proceso para enfrentar la reconstrucción nacional en el marco de un gran movimiento democrático por la reconstrucción del país. Debe rescindirse las concesiones a las empresas
cuyas obras se derrumbaron.

5.- El sistema de comunicaciones librado al sector empresarial dejó en evidencia sus falencias aumentando con ello la angustia e incertidumbre de las familias a lo largo del país. 6 millones de celulares no permitían conectarse. El rol del Estado para que esto deje de ser un negocio y asegure un servicio garantizado no puede ser eludido por el peso de las concepciones neoliberales.

6.- Miles de trabajadores están en riesgo de ser lanzados a la cesantía por graves afectaciones de sus centros de trabajo o por problemas de insumos en otros casos. Debe restablecerse sin limitaciones el que esos trabajadores mantengan sus contratos y en el período de emergencia puedan seguir cursos de formación como se realizó durante el peor período de la crisis mundial reciente empleando los recursos del Fondo Solidario del Seguro de Desempleo.

7.- Muchos trabajadores independientes han perdido todos sus medios de trabajo. Un casdramático es el de los pescadores afectados por el maremoto pero no es el único. El Estado debe asumir la responsabilidad de otorgarles subsidios que les permitan reponer esos medios de trabajo a la brevedad y realizar con urgencia las obras de infraestructura (muelles, pabellones de proceso y otros). Lo propio debe hacerse con otros trabajadores independientes en situación similar.

8.- Los empresarios pequeños y medianos han sido fuertemente golpeados por el sismo. Debediseñarse sin demora un programa de apoyo efectivo de líneas de créditos blandos con activo rol del Banco del Estado para capital fijo y capital de trabajo, consolidar las moratorias preanunciadas y decidir la postergación de pagos de impuestos, para permitir una rápida recuperación de su rol
productivo.

9.- La idea del Presidente electo de recuperar los equilibrios fiscales y de su ministro de Hacienda de reducir el déficit fiscal y de contraer la tasa de crecimiento del gasto público, ya presente en el actual Presupuesto, debe ser dejada de lado. El país dispone de recursos para desplegar una política expansiva y el incremento del gasto público puede ser financiado El Fondo de Estabilización Económica y Social (FESES) contaba con 11.284 millones de dólares, cifra que hoy es mayor. Este dinero, que es de todos los chilenos, parte del cual ya fue utilizado durante la crisis, debe ser empleado racional y responsablemente para enfrentar la catástrofe ingresando esos recursos al país sin presionar la reevaluación del peso. Esto no excluye el empleo de recursos del 2% constitucional para enfrentar los problemas inmediatos que son de urgente atención. Adicionalmente, debe proponerse un reforma tributaria que eleve a un 30% la tributación del capital como en los países de OCDE a la que Chile viene de integrarse y establecer sin demora el cobro de un royalty a las transnacionales que explotan el cobre chileno.

10.- Es indispensable instalar un sistema nacional para enfrentar emergencias donde todos los órganos del Estado, incluyendo las FF.AA., Carabineros de Chile y Bomberos y una adecuada participación de la sociedad civil diseñen resguardos y acciones inmediatas a realizar en cada caso.

11.- Planteamos la creación de una Comisión Nacional de personalidades que acoja las peticiones de las víctimas y damnificados.

12.- La magnitud de las insuficiencias de desarrollo nacional democrático que ha dejado en evidencia el desastre ocurrido plantea con urgencia la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo del país. Se requiere sin tardanza proyectar y poner en marcha un proceso de industrialización que ponga fin a un modelo centrado esencialmente en nuestros recursos naturales sin incorporación de valor agregado.

Propondremos una inmediata y amplia discusión en ambas Cámaras, televisada a todo el país, sobre la situación creada y el modo de enfrentarla con acceso al debate de organizaciones sociales, damnificados, FF.AA. y de orden, bomberos, organismos científicos y otras entidades.

Partido Comunista de Chile

Valparaíso, 11 de marzo de 2010